Mientras bajan las turbulentas aguas que la
reforma de la ley de arrendamientos ha originado, y se obtiene su versión final
para analizarla, valen algunas reflexiones.
Municipios
y gente. Las alcaldías, concejos municipales y funcionarios
de ambas instancias, son grandes responsables de la realidad actual de las
ciudades y de la vivienda. Durante 70 años, por lo menos, han sostenido una visión
local de desarrollo urbano, sustentada en ordenanzas y cambios acomodaticios de
las mismas, absolutamente caducas y oriundas de otras culturas y realidades.
Pasan los años, y los municipios, con pocas excepciones, continúan igual de
ineficientes y de despilfarradores de grandes costos financieros y sociales
para la nación. Y las ciudades no mejoraron ayer ni mejoran hoy.
Ante esa situación, la gente, para bien o para
mal, actúa y “resuelve”. Una de esas actuaciones del habitante urbano común, pobre
o rico, es la de multiplicar su vivienda. En casos, casas espaciosas se
convierten en varios apartamentos o “anexos”. En otros, las viviendas precarias
de los barrios se consolidan, amplían y originan nuevas viviendas al lado o
sobre el techo. Es la respuesta que un gentío ha ideado para racionalizar lo
que tiene y para obtener ingresos indispensables o mayores. Esta ha sido la más
exitosa “política popular de vivienda en alquiler”, frente a la ineficiente o
especuladora gestión pública o privada. Toda esta progresiva, lenta e
inexorable tendencia y transformación de las ciudades, urbanizaciones y
barrios, ha sido y es, sin validación municipal ni la suficiente seguridad
sísmica y sanitaria.
Dos ideas. Algunos hemos planteado, ante esta evidente tendencia, que los
municipios deberían analizarla y ajustar sus rígidos enfoques. Pero no. Siguen
imperturbables. No se dan ni cuenta. Ha sido una gran enseñanza, como la
población ha construido los barrios, gradualmente y dentro de lo que Henrique
Hernández llamó, la lógica de la precariedad. De allí han surgido los enfoques
de urbanismo y vivienda progresivos, la producción comunitaria de vivienda,
entre otros. Igualmente en el caso de la vivienda en alquiler, se podrían
inferir algunas ideas o propuestas a estudiar. Veamos sólo dos opciones.
Un
programa de apoyo financiero y técnico para viviendas anexas. Consistiría en crear las condiciones para que la población, ricos y
pobres, que puedan y deseen hacerlo, inviertan sus recursos en construir nuevas
viviendas o transformar las existentes. Primero, se establecerían claramente
las características espaciales, físicas, sanitarias, que deben cumplir las
nuevas o transformadas viviendas. Así como los parámetros de tipos, usos,
montos y plazos de alquileres, aspectos jurídicos, de ocupación y desocupación,
etc. Entre los tipos de viviendas podrían preverse alquiler por tiempo
indefinido para familiares o terceros, residencia estudiantil, alojamiento
temporal de personas o familias en tránsito, turismo, entre otras. Luego, el Estado,
financiaría esas viviendas, según su tipo, mediante créditos solidarios en intereses,
cuotas, plazos. Un plan como este propiciaría, si es racionalmente formulado,
la incorporación de un amplio sector de la población a la producción y
construcción de viviendas de alquiler, repartiendo así la responsabilidad del
Estado en este campo. Ello implicaría que los municipios cambien profundamente
sus caducas estructuras y visiones. Pudiera ser un motor extraordinario de transformación
urbana masiva y originar acciones de rescate y densificación razonable de
amplios sectores degradados de las ciudades. Pero también pudiera generar una
atractiva área de trabajo para pequeños y medianos propietarios y constructores
comunitarios.
Vender
partes de la vivienda. Hemos planteado en
oportunidades una idea sencilla. Pero dada que es ignorada, debe ser un
absoluto disparate o es difícil cambiar prejuicios. Veamos. Actualmente las
viviendas sólo se venden completas. Si es una casa, o es un apartamento, se transa
sólo la totalidad de cada uno. ¿Por qué no vender un cuarto, por ejemplo, al
del apartamento de al lado? ¿O al del apartamento de arriba? ¿O un pedazo de
jardín, o un lindero o el garaje, al vecino? ¿O transformar la casa de dos
pisos en dos y vender la de arriba? Así flexibilizaríamos las viviendas y se
ajustarían a la dinámica familiar. El que está teniendo hijos le compra al que los
hijos se le están casando y mudándose. Esto podría evitar miles de traslados,
familias viviendo en espacios excesivos o escasos, y un extensísimo etcétera. Son
tantas las opciones de subdivisión de las viviendas, que abrirían incontables e
innovadoras oportunidades y soluciones de las mismas.
Cuando
el río suena. La ley de arrendamientos aprobada en la
AN ha generado mucho ruido. Y más que ruido temores, entre otros, en quienes el
alquiler ha sido la forma única de sostén. Especialmente en personas de edad
avanzada. ¿Qué porcentaje representan? Ni idea. ¿Son especuladores y
traficantes de las necesidades de otros más desvalidos? Ni idea. ¿Han sido
justamente considerados en la propuesta de ley? Ni idea. Una ley que nace de la
visión de un pequeño grupo que a su vez representa a un enorme sector de
inquilinos pobres y ricos, puede ser loable o una trampa. ¿Por qué? Porque son sólo
una parte del asunto y se desconoce aún la justicia del trato para inquilinos y
arrendadores o propietarios. Porque, la vivienda de alquiler es un “karma” que
se arrastra desde siempre, es muy compleja y debe ser producto del equilibrio
entre los factores que la determinan. Tercero, al igual que en otras
decisiones, la previsión de una etapa de transición, es fundamental para
garantizar su viabilidad y justicia. Estas atrevidas apreciaciones responden a
un conocimiento parcial de la situación actual. Esperemos la ley definitiva y
entonces rectificaremos o ratificaremos. Pero, en todo caso, piedras trae el
rio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario