AyB 046 - 10 Agosto 2006

Ultimas Noticias | Jueves 10 de Agosto de 2006

¡Qué ganas de confundir! El Cabildo Metropolitano de Caracas (06-04-06) declara de utilidad pública y de interés social el proyecto Desarrollo Endógeno Urbanístico San José del Ávila. La Alcaldía Metropolitana de Caracas (06-06-06) declara la afectación de dos áreas de terreno, una de 768.000 m2 y otra de 20.233 m2, para la ejecución del proyecto. El área afectada abarca el norte de San José, desde la avenida Baralt (oeste) hasta la calle F. Peñalver de San Bernardino (este). Incluye barrios de formación reciente, barrios consolidados, viviendas tradicionales, urbanizaciones multifamiliares del BO-Inavi, hasta un pequeño sector de San Bernardino. Posteriormente, el Procurador Metropolitano publica una notificación a los habitantes de las áreas afectadas sobre el inicio de los trámites de adquisición de los inmuebles por vía amigable, según la ley de expropiación, por causa de utilidad pública y que se procedería a la ocupación temporal de los mismos. El decreto de afectación generó confusión y pánico (inútiles) en la población afectada. Algunos creen que llegó la 'expropiación comunista', otros se ven desplazados y en colas interminables como los damnificados ante el Conavi. Algunos concejales del Cabildo Metropolitano rechazan el referido decreto. Entonces, ¿cómo fue aprobado? El Síndico del Municipio Libertador interpuso (02-08-06) ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de nulidad contra el decreto. ¿Quiere decir que el proyecto no se discutió y acordó previamente con esa Alcaldía? Ante el escándalo, la Alcaldía Metropolitana de Caracas publicó un comunicado aclarando que el decreto busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes mediante la construcción de viviendas en terrenos ociosos no habitados o subutilizados, para reubicar a las familias que habitan en sectores de alto riesgo de la zona. Y que no implica que todos los habitantes del sector tengan que desalojar sus viviendas. Esta reseña describe la incapacidad y una mala práctica urbanística. Cuando se proyecta una renovación urbana debe discutirse previamente con la comunidad afectada. ¿O es que ello no es válido para las zonas populares? La pésima información a la comunidad y la confusa redacción de los decretos y notificaciones transformó una buena noticia de mejoramiento urbano en una reacción de confusión, miedo y angustia. Además, es inconcebible que todavía se refleje en la administración de Caracas, y en sus planes de desarrollo, la rivalidad entre sus alcaldes. ¿Qué se gana con descoordinación, ineficiencia, confusión y torpeza política?  Pensado en voz alta   "Se harán las casas que se pueda" El nuevo ministro de vivienda inicia el reto de formular la política de desarrollo urbano-vivienda y cambiar radicalmente el enfoque simplista dominante en el sector, con unas declaraciones acertadas: reconocer la imposibilidad de metas ficticias (150 mil viviendas en 2006), que el Inavi tiene larga data, cobertura nacional, experiencia y que no se debe desestimar su potencial si se subsanan sus problemas. Que Fondur desvirtuó su misión. Que los problemas de vivienda "no podemos resolverlos solos", que los gobiernos estadales y municipales "deben atender la rehabilitación, sustitución y reconstrucción de viviendas", mientras que el gobierno central "los desarrollos urbanísticos y los planes estratégicos, con apoyo privado". Simplificar la evaluación de proyectos. Buen comienzo, aunque faltan aspectos importantísimos sobre la tierra, el apoyo a la producción de los insumos de la construcción (industria nacional), programas de asistencia técnica y financiera a las comunidades organizadas, formas de producción de urbanismos y viviendas, y la adjudicación y recuperación de créditos, entre otros. 700 edificaciones expropiables en los cinco municipios de Caracas La Alcaldía Mayor aprobó la posible expropiación de viviendas multifamiliares construidas antes del 02-01-1987 , que se encuentren bajo el régimen de propiedad horizontal y hayan estado bajo arrendamiento por un lapso superior a diez años. Medida que causa mucho ruido aunque pueda ser útil, entre otras, para paliar las necesidades de algunos segmentos de la población. Pero sería sustentable, seria, comprensible para la mayoría, justa y equitativa, si estuviera enmarcada en una política de desarrollo urbano y vivienda de la región capital, en un plan divulgado ampliamente, con reglas claras, más como una oferta pública sustentada en estímulos, ventajas y beneficios para inquilinos y propietarios, que incite a unos a comprar y a los otros a vender, que como una medida coercitiva, aunque ésa no sea su intención. Cada vez se hace más indispensable, crítico, de vida o muerte casi, que quienes ocupan funciones públicas piensen, analicen, diagnostiquen, comprendan la realidad, formulen políticas, hagan planes, ejecuten programas, supervisen y controlen lo ejecutado y en ejecución, y vuelvan a pensar, a analizar, etc., todo ello en pocos meses y con eficiencia, y verán cómo tendrán resultados positivos y estimulantes. Incluso en la mediatización de la corrupción, la cual prospera en el desorden, ineficiencia, confusión y cambiaderas arbitrarias, entre otras hierbas. Certificado de riesgo a viviendas inhabitables El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, dice un refrán popular ¿A quién se le ocurrió entregar dichos certificados, prometer y crear la ilusión de una nueva casa a familias desesperadas y ofrecer cheques como compensación? Dando el beneficio de la duda, a lo mejor se hizo con una intención sana y loable, pero, ¡qué metida de pata! Las consecuencias de esta medida en las familias, que se sienten engañadas, frustradas y sin esperanzas; la oportunidad que se abrió para la corrupción, y la incapacidad manifiesta de un organismo (Conavi) creado para otras funciones deben analizarse muy bien, asumir la responsabilidad del Ministerio para la Vivienda y tomar decisiones ejemplarizantes que recuperen la confianza de las familias engañadas, se castigue a quienes dirigieron este programa y contribuyeron en el ineficiente manejo del mismo y a los que se robaron los cheques. Es inaceptable la toma de decisiones en vivienda por gente que desconoce el sector; peor aún, desconoce la simple naturaleza de la gente, es ineficiente y es capaz de producir el daño que esto ha originado en la ya menguada capacidad de respuesta pública a las necesidades urbanas de la gran mayoría. Éste es otro reto: construir una nueva institucionalidad para llevar adelante una política y un plan nacional de desarrollo urbano y de vivienda. La gente puede cometer errores, pero las instituciones deben tener los mecanismos para anticiparlos y evitarlos y poder remendarlos rápidamente cuando suceden.