AyB 068 - 11 Enero 2007

Ultimas Noticias | Jueves 11 de Enero de 2007

¿Dónde empieza la ineficiencia en vivienda? La incapacidad de respuesta para paliar las necesidades de desarrollo urbano y de vivienda tiene múltiples causas. Veamos algunas. Designación del responsable, el ministro para la Vivienda y el Hábitat. Este funcionario debe ser político, conocedor y con experiencia en el campo urbano, de la construcción y de la vivienda. Demás está decir que sea honesto y comprometido con los cambios. Debe tener criterios avanzados, y ser reconocido en el sector. Pero, ¿a quiénes han nombrado? Aparte de Julio Montes, quien tenía buenas ideas pero poca capacidad para instrumentar un plan urbano y habitacional, han seleccionado a personas competentes en otras áreas, leales al proceso y, creemos, bien intencionadas. Pero con notorio desconocimiento del tema, sin formación ni experiencia en el mismo, sin enfoques y criterios avanzados sobre el desarrollo urbano, la industrialización, producción y construcción del suelo y de las edificaciones. ¡Ni pensar! sobre diseño, planificación, supervisión y control de gestión, y menos aún sobre el rol, funciones y competencias de los diferentes actores: gobierno nacional y local, industrias, productores, universidades y comunidades. En segundo lugar. El ministro designado muestra, de inmediato, incapacidad para conformar un equipo interdisciplinario competente y con experticia, que lo apoye en su gestión, para afrontar la diversidad y complejidad de los procesos de producción y construcción de nuestras ciudades y de los planes y programas de vivienda. Se rodea de lealtades o conocidos, pero sin conocimientos sólidos del tema. En tercer lugar. Los designados ignoran que, con los organismos y la burocracia existentes, lentos y torpes, a pesar de haber funcionarios competentes, no se puede cambiar la visión ni la gestión pública para dar respuesta a las demandas urbanas y habitacionales. Hay que empezar, con mucho 'guáramo' y seriedad, una radical transformación de la administración pública, y en paralelo, crear un camino audaz y transformador, como las Misiones, en el que las comunidades, los gobiernos locales (los que demuestren capacidad), industriales, productores y profesionales, lleven a la práctica un nuevo enfoque de producción masiva de tierra urbana y viviendas, con la asistencia técnica y financiera, oportuna y eficiente, del gobierno nacional. Es decir, compartir la gestión con los otros actores. En cuarto lugar. Hay que simplificar y profesionalizar la gestión nacional y local de la vivienda. Hay que racionalizar la legislación existente, dispersa y compleja. Hay que hacer transparente y participativa la gestión en todas sus fases, desde la planificación, licitaciones, otorgamientos de créditos y subsidios, hasta la adjudicación de viviendas. Finalmente el Ministerio, ¡obvio!, debe ser eficiente, capaz de supervisar todos los aspectos y fases de su gestión, controlar la planificación, ejecución, impactos, productos y resultados, tomar correctivos oportunamente y replanificar en función de la acumulación de experiencias y resultados. Así, sencillamente, la ineficiencia empezaría a ceder y la corrupción tendría menos oportunidades. Hemos dicho. Que así sea. Amén. La adjudicación directa, una vía para la corrupción En Venezuela las contrataciones de obras públicas como viviendas de interés social, escuelas, aeropuertos, estadios, etc. ha sido una fuente de enriquecimiento ilícito desde los tiempos de Guzmán Blanco y seguramente desde mucho antes. Son mecanismos que se prestan a variados actos de corrupción, desde el otorgamiento de contratos a las empresas de los amigos del ministro, los sobreprecios y la recepción de anticipos de obras que no se ejecutan ni se devuelven los anticipos, hasta el uso de materiales de pésima calidad y el abandono de las obras a medio hacer. Todo esto suele pasar especialmente cuando las obras son adjudicadas directamente, sin licitaciones. La Ley de Licitaciones de 1990 y las sucesivas, entre ellas las últimas de 1999 y 2001, tienen el mismo esqueleto y los mismos principios. Toda obra de construcción mayor de un precio determinado debe sacarse a licitación pública. En 2006 este monto era de 840 millones. Como cualquier contratico, digamos para construir 20 casas, que pasa de ese límite, todas deberían ser licitadas. Pero no. ¡Ah! Existen las excepciones y éstas son tan numerosas que nada se licita. Aparte de las incluidas en la Ley, que son infinitas, el ministro Figueroa hizo aprobar en seis meses dos Decretos de Emergencia, casi iguales, que casi obligaban a que todos los contratos se dieran directamente. A pesar de eso, el programa de viviendas del 2005-2006 se cumplió, si acaso, en sólo 25 por ciento. Las licitaciones tradicionales, como son las que plantea la ley actual, si no son viciadas, sirven para pagar precios justos por las obras y para que las empresas que participan tengan un mínimo de seriedad profesional. Pero tienen el defecto de ser muy complicadas, demasiados recaudos y papeleos, y toman mucho tiempo. La Ley debería modificarse para eliminar las excepciones y permitir modernos procedimientos, rápidos, ágiles y que permitan combatir, en su campo, la corrupción y la ineficacia. Entre ellos, la licitación con un precio fijo para la obra a ser ejecutada, calculado por el ente contratante y fiscalizado por la Contraloría General. La adjudicación se hace con base en las credenciales de las empresas participantes, lo cual es muy rápido. Una modalidad más importante es la contratación serial, que una vez fijado el precio, con sus modelos de variaciones anuales, le asegura a las empresas, privadas, mixtas, cooperativas y comunales, una cantidad de producción para cada año. Esta continuidad de la contratación tiene enormes ventajas para evitar los ciclos de alza y baja en la construcción, asegura la fluidez de la producción, el cumplimiento de las metas, eliminar el desempleo estacional, permite el perfeccionamiento técnico de los trabajadores, etc. El Gobierno ha lanzado una campaña, a través del Servicio Nacional de Contrataciones, que parece dirigida a establecer un cierto control en el caos actual. Pero la vía escogida no parece para nada rápida y luce como muy poco operativa. Una reforma de la actual Ley y un seguimiento severo de su aplicación tendrían muchas ventajas y traerían enormes beneficios al país. © Copyright 2007. Cadena Capriles C.A. Todos los Derechos Reservados