Un diseño indispensable
El diseño
industrial nació en América Latina en los años sesenta. La política de sustitución de importaciones, que estuvo brevemente en auge
en aquella época, prometía el surgimiento de una industria local y con ella la
difusión de productos que podían y debían ser los nuevos sujetos de un diseño
industrial comprometido con un sentido social y público.
En los países como Argentina y sobre todo
Brasil, muchas cosas interesantes se hicieron. Más tarde en Chile, con las
esperanzas que despertó Allende, hubo ocasión de ensayar iniciativas generosas.
La ola neoliberal que vino luego, con sus privatizaciones y con su invasión de productos de los
países 'desarrollados', arrasó con esperanzas y expectativas y acabó dejando la
impresión de que el diseño industrial equivale sólo a
diseño cosmético, superficial, ligado estrechamente al mercado y al servicio del
consumismo, en cualquiera de sus facetas.
Recordemos que en su origen es tarea
metodológica del diseño industrial intervenir en el proceso de producción con un
claro interés tecnológico. En cambio, el diseño industrial concebido y puesto en
práctica como decoración de agencias de bancos, diseño de etiquetas o de envases
de detergentes no es sino una desviación de su verdadera función. Inclusive el
tan debatido 'buen diseño' no llega a responder cabalmente a los cometidos
originales de un procedimiento de diseño que debe tocar toda la cadena de
producción, desde su comienzo en la fábrica hasta el producto final y su
circulación de consumo.
Ahora bien, los cambios
políticos que se están dando en Venezuela, y que
pretenden colocar en la lista de prioridades el robustecimiento de la industria
nacional, vuelven a plantear la necesidad de reconsiderar el papel del diseño
industrial en el país. Pasar de la etiqueta bien diseñada estética mente a la cosechadora agrícola o al instrumental médico, bien
eficientes, éste es el reto que debe plantearse.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología hace
algún tiempo hizo unos ensayos y abrió unos programas prometedores. Frente a la perspectiva de una
nueva industria nacional química y metalmecánica, a la
informática o a la industria del aluminio, es necesario que el Estado asuma la
responsabilidad de la formación de técnicos y de diseñadores competentes, a la
altura del desarrollo tecnológico contemporáneo y con la necesaria conciencia
política de la responsabilidad social que implica la concepción de un sano
diseño industrial. Otra tarea que debe ser colocada en los programas de
refundación de la república.
La tierra urbana
La polémica sobre la necesidad de tierra para la vivienda en
la ciudad replantea la vieja discusión sobre el manejo de las tierras urbanas,
tema que ha estado presente desde la fundación de nuestras ciudades.
Ya en las Leyes de Indias, desde tiempos de la colonia, se plantean líneas muy claras que
reglamentaban las tierras de las ciudades, en especial sobre la propiedad para
garantizar su sana expansión. Para contribuir al tema, resumimos parte del
trabajo del Dr. Leopoldo Martínez Olavarría y de Alberto Urdaneta, Las
políticas de tierras urbanas en Venezuela
(1989):
"Partimos del concepto de que la tierra, como materia prima, es indispensable para el
desarrollo urbano, como lo son igualmente el agua o el ambiente y, por tanto,
como espacio imprescindible del hábitat, no debe ser objeto de manipulación, de
segregación, de monopolio, de enriquecimiento en
beneficio de pocos y en perjuicio de muchos. Por ello debe establecerse que el
suelo urbano debe tender a ser considerado como un bien de dominio público"...
La concepción de defensa de la propiedad privada de la tierra, a ultranza y sin límites, es lo
que se aprecia en el contexto sociopolítico venezolano. Ahora bien, en todos los
modelos políticos donde se respeta dicha propiedad privada existen severas
limitaciones a la misma en función a garantizar los intereses colectivos de la
comunidad, por encima de los individuales o de grupo.
Este principio fundamental en toda política
debería ser el norte orientador para los Concejos Municipales y todos aquellos
organismos que tienen que ver con la cuestión urbana, pero parece que con
frecuencia se deja de lado y en su lugar privan intereses personales o de grupos con el aval implícito o explícito del Estado. Así,
todos los mecanismos valorizantes, de organización de las ciudades, de dotación
de servicios, etc., de que dispone el Estado, a sus diferentes niveles, no son
usados en beneficio de la comunidad.
La causa de
la 'valoración de la tierra' se debe solamente a la
acción del Estado en función del desarrollo urbano. En otras palabras, esas
variaciones o valorizaciones sobre el precio base de la tierra urbanizada no
responden a ninguna inversión o propuesta del urbanizador. Por el contrario,
dependen de las decisiones oficiales adoptadas o realizadas por el Estado... La
incorporación de un suelo de uso agrícola a un uso urbano, situación que produce
automáticamente un salto en el valor del suelo...
'Todos estos mecanismos valorizantes de la
tierra, que penden de decisiones que están en manos del Estado, sólo favore
cen a unos pocos y lo más grave, aparte del
enriquecimiento desmedido de esos pocos, producen como consecuencia la
segregación de una gran cantidad de la población que, dada su limitada capacidad
de compra, se encuentra incapacitada de acceder al suelo de nuestras ciudades'
...¡sólo les queda la invasión de terrenos marginales! Dentro del esquema actual, los propietarios
de la tierra condicionan el acontecer en nuestras ciudades: hacia dónde crecer,
cómo crecer, dónde se localizan las clases sociales, cómo se segrega y condena a
gran parte de la población... cómo se producen las densidades reales de la
población, cómo se dificulta la integración.
'Para el correcto desarrollo de las
poblaciones con más de 20 mil habitantes sería necesario disponer, para el año
2000, de unas 60 mil hectáreas de tierra... sería totalmente improcedente que el
manejo de esa inmensa superficie pudiera lograrse y
aprovecharse dentro del criterio de la libre oferta y la demanda, ya que los
límites que pudiera alcanzar la especulación incontrolada harían prohibitiva
cualquier programación habitacional que se propusiera. En consecuencia, será
necesario adoptar un decidido criterio de tierra con valor controlado o de
reserva de propiedad... '
'De no tomarse ahora
medidas como las señaladas, se continuará agravando la
situación en nuestras ciudades, la segregación será cada vez mayor, la sociedad
cada vez más dividida, la paz social más precaria, la calidad de vida más
deteriorada y las condiciones de vida menos propicias para la satisfacción de
las necesidades vitales del hombre y para la producción'. En su momento estos planteamientos fueron
desoídos. Hoy son cada vez más actuales.
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