¿Qué pasaría?
1
Si el gobierno planificara (y ejecutara) programas de
construcción de 3 a 6 años, que fijen por municipio los requerimientos de
tierra, viviendas, escuelas, centros de salud, mercales, embalses, carreteras,
puentes, autopistas, redes de agua, cloacas, drenajes, alumbrado, etc.,
estimando necesidades de cemento, cabillas, bloques, ventanas, puertas, WC,
tuberías, tejas, etc.
¿Estimularía a comunidades, profesionales,
industriales, inversionistas? ¿Impulsaría la industrialización de la
construcción? ¿Aumentaría, por ejemplo, la oferta de viviendas? ¿Prevendría las
invasiones?
2
Si acompañadas de un programa comunitario de asistencia técnica y financiera, las ordenanzas municipales promovieran, facilitaran y normaran la ampliación, subdivisión y reordenamiento de casas y edificios existentes, en zonas donde sea viable y con razonable inversión en servicios y equipamientos urbanos ¿Se abriría una puerta a la renovación urbana de áreas deterioradas y subutilizadas? ¿Aumentaría la producción de nuevas viviendas y mejoramiento de las existentes en los barrios y urbanizaciones actuales? ¿La gente se incorporaría masivamente a construir nuevas viviendas en los espacios disponibles en sus parcelas (techos, terrazas, patios, retiros) y a mejorar la existente? ¿El Estado ganaría un aliado (la gente) en la solución de las necesidades de vivienda? ¿Acaso eso no se hace hoy en la ciudad, pobres y ricos, sin control alguno? ¿No es mejor ordenarlo, racionalizarlo y potenciarlo según sus límites y posibilidades?
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3
Si el Estado certificara la calidad resistente, climática, etc., de los nuevos sistemas constructivos, nacionales o importados, a usar en Venezuela, ¿Se caerían las escuelas, viviendas y hospitales en un sismo? ¿Las edificaciones serían confortables y seguras?
4
Si se evaluara el estado estructural de las viviendas en los barrios y se aplicaran programas de reforzamiento estructural y demoliciones según el caso ¿Se salvarían muchas vidas si ocurriera un sismo? ¿Se evitaría una tragedia nacional de incalculables proporciones?
Inconcebible
"Analizan el colapso de la
Andrés Bello", dice titular de Últimas Noticias (11.8.07) refiriéndose
a iniciativas de funcionarios de la Alcaldía de
Libertador para la creación de comisiones que estudien el impacto del nuevo
centro comercial Sambil en La Candelaria. Un holding tan poderoso como el de las
empresas Cohen nunca se arriesgaría a iniciar una obra tan importante sin tener
en regla todo la permisología. La Alcaldía de Libertador ha debido dar todos los
permisos.
Seguramente vieron el estudio de impacto en el transporte,
presentado obligatoriamente por la empresa y lo aprobaron.
Hasta los más
desconocedores de la materia saben que ese centro comercial dificultará al
máximo el tráfico en la Andrés Bello y conexiones: la Urdaneta, la Panteón, la
Bolívar, el centro de Caracas.
¿Cómo es posible
que ahora cuando el Sambil-Candelaria está en construcción se hable de analizar
su impacto? ¡Cuando el proyecto está aprobado, permisado y en ejecución! Sólo
una incompetencia y una ineptitud colosales han hecho posible esta situación. Los inmensos problemas y costos que significa esta
decisión para Caracas no tienen medida.
Como no se puede concebir tamaña
ignorancia en funcionarios de alto nivel, no cabe sino suponer que los permisos
circularon por algún otro canal.
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Opacidad, oscuridad, tinieblas
Todo lo contrario de lo
que debe ser la información veraz, oportuna, revolucionaria y socialista. Es
esta penumbra permanente lo que caracteriza las declaraciones de Carrizález,
Ministro de Vivienda. Según información de prensa, el 2 de agosto en acto
público, se entregaron 19 subsidios para cubrir parte del costo de viviendas
bajo la política Casa Media. 263 millones por cada subsidio si la calculadora no
miente y el dato publicado no está equivocado. En las declaraciones se habló de
153.328 viviendas en construcción, de las que se entregarán 90 mil este año, de
una inversión en vivienda de 8 billones en 2006 y de 12 billones este año. Así
nada más. ¿Dónde se construyen las viviendas, cuánto
cuestan, cuánto se ha pagado, qué tipos de vivienda son, cómo se contrataron,
cuáles fueron las fechas de inicio, cuáles son los equipamientos sociales que
las complementan? Nada de esto se sabe. Es un supersecreto de Estado. Así se
imposibilita la contraloría social y todas las contralorías posibles. ¿Hasta
cuando esta práctica desestabilizadora y antirrevolucionaria? Si de los miles de
millones que el gobierno gasta en propaganda, en repetición permanente y
continua de consignas, un 30 % se dedicara a publicar información concreta,
reflejo real de lo que sucede en el país, todos ganaríamos y seríamos felices.
Todos no.
Los corruptos y sus cómplices pasarían más
trabajo.
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